ABOGADOS DERECHO DE SUCESIONES
Las sociedades de capital pueden modificar sus estatutos siguiendo el procedimiento legalmente previsto.
La modificación de estatutos es competencia de la junta general. Por excepción, el órgano administrativo será competente para decidir el cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal, salvo que los estatutos dispongan lo contrario
La propuesta de modificación se redactará por quien tenga la iniciativa de la modificación (los administradores o los socios autores de la propuesta), y, en las SA se redactará además un informe justificativo de la misma
La convocatoria de junta general para acordar la modificación deberá expresar claramente su alcance y el derecho de los socios a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta
La aprobación del acuerdo de modificación de estatutos requerirá las mayorías previstas en el artículo 199 LSC para la SA y en los artículos 194 y 201 LSC para las SRL (acuerdos extraordinarios)
El acuerdo de modificación de estatutos se hará constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil y se publicará en el BORME
Es aquélla operación jurídica en virtud de la cual se eleva la cifra del capital social que figura en los estatutos sociales
Puede tener distintas finalidades:
La conveniencia de aumentar los recursos financieros de la sociedad sin necesidad de acudir a financiación externa
La intención de dar entrada a nuevos socios
Adecuar la cifra del capital social al valor real del patrimonio que ha aumentado
El acuerdo de aumento de capital deberá hacerse por la junta general con los requisitos que se han señalado para la modificación de estatutos. Cuando el aumento se haga elevando el valor nominal de las participaciones o de las acciones, como no se pueden imponer a los socios nuevas obligaciones, deberán prestar su consentimiento todos los socios, salvo que se haga íntegramente con cargo a beneficios o reservas que figurasen en el último balance aprobado.
Cuando se lleva a cabo mediante la emisión de nuevas acciones o participaciones con cargo a nuevas aportaciones, existe un derecho de adquisición preferente de las nuevas participaciones o acciones emitidas por la sociedad que corresponde a los socios en proporción al valor nominal de las que posean. Para cualquier cuestión relacionada con Derecho Mercantil, contacte en Madrid con abogados especializados en un área que exige complejidad y comunicación con los clientes.
Aquella modificación estatutaria consistente en la reducción y el aumento simultáneo del capital social, cuya finalidad fundamental es el saneamiento patrimonial en el caso de pérdidas cuantiosas
Con la reducción del capital social se elimina o se disminuye el desequilibrio existente entre el patrimonio neto y la cifra de capital social
Con el aumento efectivo del capital se consiguen los recursos suficiente para continuar la actividad social
LA SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS La relación jurídica que surge del contrato de sociedad entre ésta y los socios puede resolverse con relación a un determinado socio sin que afecte a la subsistencia del contrato de sociedad, que únicamente se resuelve con relación a ese socio. Esto sucede en los casos de separación o exclusión.
LA SEPARACIÓN es el derecho que asiste al socio, ante la adopción de determinados acuerdos que le afectan, de solicitar su salida de la sociedad, entregándosele a cambio el valor razonable de sus acciones o participaciones
LA EXCLUSIÓN es la salida de un socio por decisión de la sociedad, ante el incumplimiento de determinadas obligaciones
LA SEPARACION El legislador regula las causas legales (inderogables) de separación: sustitución o modificación sustancial del objeto social, ? prórroga de la sociedad, reactivación de la sociedad creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias salvo disposición contraria de los estatutos. En las SRL tendrán también este derecho los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales La Ley 25/2011, de reforma parcial de la LSC, ha introducido un nuevo artículo, el 348 bis, en el que se reconoce el derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos por parte del socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales cuando se cumplan las condiciones que prevé ese precepto, pero no entrará en vigor hasta el 31/12/2016.
- Además, los estatutos podrán establecer otras causas de separación. Para la incorporación a los estatutos, la modificación o la supresión de estas causas de separación será necesario el consentimiento de todos los socios
La separación legal se hace depender por tanto de un acuerdo social por lo que el derecho de separación asiste a los socios que no hayan votado a favor del mismo: no asistentes, quienes hayan votado en contra o se hubieran abstenido
Plazo: El derecho deberá ejercitarse por escrito en el plazo de un mes
Exclusión extrajudicial: Si el socio o socios a excluir ostentasen al menos la cuarta parte del capital social, la exclusión requerirá además resolución judicial firme, cuando el socio no esté conforme con la decisión de la junta general.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS SOCIEDADES
La extinción de una sociedad se produce en los casos, ya vistos, de fusión, escisión total o cesión global del activo y del pasivo y, sobre todo, por su liquidación (procedimiento normal de extinción).
La extinción por liquidación no es un acto instantáneo si no un complicado proceso (ha de resolverse el contrato de sociedad y eliminar la persona jurídica nacida del tal contrato).
Tiene varias fases
PRIMERA FASE. Comienza con la disolución de la sociedad por las causas previstas en la ley o en los estatutos o por decisión de los socios SEGUNDA FASE. Liquidación CULMINA con la cancelación de los asientos registrales.
PRIMERA FASE. La LSC reconoce tres formas de disolución de las sociedades:
1.-de pleno derecho
2.-por constatación de la existencia de alguna causa legal o estatutaria
3.-y por mero acuerdo de la junta general.
1.-La disolución de pleno derecho se produce por el transcurso del término de duración fijado en estatutos (salvo acuerdo de prorroga inscrito en el RM) o por el transcurso de un año desde la adopción del acuerdo de reducción de capital por debajo del mínimo legal como consecuencia del cumplimiento de una ley, si no se hubiera inscrito en el Registro Mercantil la transformación o la disolución de la sociedad, o el aumento del capital social hasta una cantidad igual o superior al mínimo legal. Las causas legales y estatutarias que pueden motivar la disolución son entre otras:
La conclusión de la actividad que constituya su objeto. Imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social .
Paralización de los órganos sociales de modo que la sociedad no puede funcionar.
Reducción del capital social por debajo del mínimo legal.
Cuando las pérdidas concurrentes son de tal alcance que producen la insolvencia de la sociedad, los administradores deben solicitar la declaración de concurso de acreedores. Ésta declaración no produce por sí sola la disolución de la sociedad, pero si en el procedimiento se produce la apertura de la fase de liquidación, la sociedad quedará automáticamente disuelta.
Ejecutar la legislación laboral, que es competencia exclusiva del estado, no es normar en su desarrollo sino organizar los servicios y procedimientos necesarios para ponerlas en marcha.
En cuanto a la potestad reglamentaria (es potestad atribuida al gobierno) ¿pueden las CCAA desarrollar reglamentos de las leyes laborales? El Art. 149.1.7 de la CE no engloba hablando con propiedad a la potestad reglamentaria, porque legislar es dictar leyes y solo esto solo leyes no reglamentos.
Resulta que la competencia reglamentaria laboral no aparece establecida en la CE. Y al no existir esa atribución expresa, en favor del Estado, pueden los estatutos de autonomía de las CCAA reconocer tal competencia de acuerdo con lo establecido en el Art. 149.3 de la CE. (Art. 42.2 del estatuto de autonomía de Andalucía, (EAA).)
Materia de seguridad social Art. 149.1.17 CE:
El Estado solo tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y el régimen económico. Significa que las CCAA están facultadas para dictar leyes que desarrollen las bases estatales. (El Art. 63.3 EAA .)
El convenio colectivo.
La principal característica del sistema de fuentes, en el derecho del Trabajo, es la existencia en él, la existencias de normas provenientes de las organizaciones de trabajadores y empresarios a través de acuerdos que suponen el reconocimiento de la autonomía colectiva en su dimensión normativa. (Art. 82.1 y 2 del ET)
El convenio colectivo es un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario o empresarios para regular las mutuas relaciones de trabajo y las condiciones en la relación laboral, tanto en su dimensión individual como colectiva.
Dos tipos de convenios colectivos:
-Los convenios estatutarios, que tienen eficacia jurídica normativa y aplicación ERGA OMNES (se le aplica a todo el colectivo que esta bajo esa orden) que siguen las reglas del estatuto.
-Los convenios extraestatutarios, tienen eficacia jurídica contractual limitada a las partes negociadoras y aplicación subjetiva limitada. (solo para las partes que negocian en ese convenio).
Los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad condicionan el ejercicio de las competencias por la Unión y por reflejo de los Estados miembros de competencias a la Unión, sino el ejercicio de las competencias por la Unión, y, por reflejo, de los Estados miembros.
La razón de ser de la inclusión de esos principios fue que la definición funcional de las competencias atribuidas a la Unión resultó en una reiterada práctica de desplazamiento de los límites de esas competencias a favor de la intervención de la Unión, lo que indujo a los Estados miembros a precisar a esos principios como criterios para contener dicha intervención y la amplitud e intensidad y el contenido, así como la forma del ejercicio de sus competencias por la Unión y las condiciones y el control de su aplicación.
El principio de subsidiariedad ( art. 5.3 TUE) solo rige en los ámbitos de competencia compartida con los Estados miembros y en los ámbitos de su competencia de apoyo, coordinación o complemento de la acción o política de los Estados miembros. El sentido de este principio es permitir determinar, ante todo, si la Unión ha de intervenir o no.
Este principio presenta dos lecturas desde el punto de vista del proceso de integración europea.
Desde la perspectiva de los Estados miembros y de la conservación de sus competencias, los Estados han planteado la aplicación práctica del principio de subsidiariedad como la adopción de las decisiones de la forma más cercana posible a los ciudadanos. Para garantizar este límite práctico el TUE asocia a los Parlamentos nacionales, que velarán porque no se produzca una intervención normativa de la UE salvo en caso de probada necesidad.
Desde otro punto de vista el principio de subsidiariedad viene a limitar seriamente el ejercicio de toda competencia que no sea exclusiva de la UE, de manera que para poder desarrollar cualquier acción ene l marco de los diferentes tipos de competencias antes mencionadas, la UE deberá probar su mejor capacidad y alcance en la materia de que se trate.
Letrados expertos en diversas facetas del derecho le asisten para una optimización de sus posibilidades e información sobre cualquier cuestión, entre ellas la capacidad contractual del empleador.
Vamos a distinguir personas físicas por un lado, y personas jurídica.
Cuando es persona física, está sometido a las normas generales sobre capacidad que rigen en el código civil (la edad, capacidad plena, capacidad limitada..) sin embargo existe una gran diferencia entre el trabajador y el empleador en este campo. Que es la prestación de trabajo, es personal mientras que el empleador puede actuar por medio de un representante lo que significa que el empleador puede ser un menor, que contrate y actúe mediante su legítimo representante.
Cuando es persona jurídica: el ET carece de regulación específica en esta materia. Por lo que abra que estar a lo que se disponga en Dº mercantil, dº civil o en los estatutos de constitución de esa entidad dependiendo de la persona jurídica que se trate.
7.3 Poder de dirección:
El poder de dirección del empleador/empresario es el conjunto de facultades a través de las cuales el empresario dispone del trabajo prestado por su cuenta y riesgos ordenando las prestaciones laborales y organizando el trabajo en la empresa. Conjunto de facultades por el que organiza las prestaciones laborales.
El contenido de este poder de dirección es muy amplio abarca tanto funciones ordenadoras, (dar órdenes e instrucciones a sus trabajadores. Art. 5.c ET), como funciones de control y vigilancia y funciones de decisión art 20 del ET.
Las características del poder de dirección:
El poder de dirección es unilateral es decir se expresa mediante órdenes del empresario, unilateralmente sin requerir la aceptación del trabajador.
Es irrenunciable se otorga al empresario y no puede renunciar a él, distinto es que lo delegue.
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La posibilidad de que un particular se declare en concurso de acreedores apareció a partir de la publicación a mediados de 2015 de la Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, coloquialmente llamada “Ley de la segunda oportunidad”
El objetivo principal de esta ley es que los particulares o profesionales autónomos puedan acogerse a un concurso de acreedores, tal y como podían hacer hasta entonces las empresas y personas jurídicas.
Un concurso de acreedores ofrece la oportunidad a aquellos que no pueden pagar sus deudas, de negociar el pago fraccionado de algunas, y exonerarse del pago de otras.
De esta forma se busca que el deudor pueda hacer frente y superar una situación económica crítica.
¿Quién puede acogerse al concurso de acreedores? ¿Qué requisitos se piden?
Como hemos comentado anteriormente, pueden acogerse todos aquellos particulares y profesionales autónomos que haya contraído deudas, fruto de su actividad empresarial o particular, a las que les es imposible hacer frente en su situación actual.
Además, la ley establece una serie de requisitos que han de cumplirse para que un individuo pueda acogerse a este procedimiento:
- Las deudas acumuladas no deben sobrepasar los cinco millones de euros
- Tiene que tratarse de un deudor de buena fe, lo que significa que no ha dejado de pagar sus deudas de forma voluntaria y que haya intentado hacer frente a estas, incluyendo la negociación con sus acreedores.
- El deudor no debe haberse acogido en los 10 años anteriores a otro proceso similar.
- El deudor no debe haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, por falsedad documental, contra la Hacienda pública o la Seguridad social o los derechos de los trabajadores.
¿Cómo se inicia el proceso?
PRIMER PASO: PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL
Una vez el particular decide acogerse el proceso de concurso de acreedores debe iniciar, en primer lugar, un proceso extrajudicial, en el que tratará de llegar a un acuerdo con los acreedores que incluya la venta de los bienes de los que sea titular (a excepción de los que sean imprescindibles para seguir ejerciendo su actividad profesional) para cubrir el mayor número de deudas posible y el establecimiento de un calendario de pagos, que no deberá exceder los 10 años.
Para iniciar el proceso puede acudir a un notario.
Se puede designar la figura de un mediador, que será el encargado de negociar en nombre del deudor, con sus acreedores, con el objetivo de llegar a un acuerdo.
Para que este proceso prospere se requerirá que al menos el 60% de los acreedores estén conformes con el mismo.
Las negociaciones durante este proceso suelen durar aproximadamente unos dos meses como máximo.
Si no se llega a un acuerdo durante esta fase, el deudor deberá declararse en quiebra e iniciar el procedimiento judicial para el concurso de acreedores.
PROCEDIMIENTO JUDICIAL: CONCURSO DE ACREEDORES
Una vez judicializado el proceso, se designará un administrador concursal que será el encargado de liquidar todos los bienes del deudor con el fin de compensar las deudas, y negociar con los acreedores la exoneración de parte de la deuda y el pago de las restantes que queden.
Hay que tener en cuenta que, conforme a la ley, no es posible que el deudor quede exonerado de todas las deudas, ya que algunas obligatoriamente han de ser satisfechas.
En concreto las deudas que no se exoneran son las que se mantienen con las arcas públicas: Agencia Tributaria y Seguridad Social, así como las relacionadas con la manutención de sus hijos, en caso de estar divorciado o separado.
Hasta transcurridos 5 años desde la finalización del proceso, es posible que la deuda que quedase pendiente pueda ser reclamada de nuevo por los acreedores, por ejemplo en los casos en los que se ha demostrado que hubo mala fe durante el proceso, que el deudor haya percibido ingresos en negro, o que por ejemplo haya sido beneficiario de alguna herencia o ingreso extraordinario de dinero que le permitiera cubrir las deudas que quedaron sin pagar.
El proceso de concurso de acreedores es complejo en todas sus fases, por eso, desde Bufete Velazquez, le ofrecemos asesoramiento legal completo durante todo el procedimiento, tanto el extrajudicial como el judicial, en defensa de sus intereses, con el objetivo de que el resultado sea el más beneficioso para usted.
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