ABOGADOS DERECHO DE SUCESIONES
Letrados expertos en diversas facetas del derecho le asisten para una optimización de sus posibilidades e información sobre cualquier cuestión, entre ellas la capacidad contractual del empleador.
Vamos a distinguir personas físicas por un lado, y personas jurídica.
Cuando es persona física, está sometido a las normas generales sobre capacidad que rigen en el código civil (la edad, capacidad plena, capacidad limitada..) sin embargo existe una gran diferencia entre el trabajador y el empleador en este campo. Que es la prestación de trabajo, es personal mientras que el empleador puede actuar por medio de un representante lo que significa que el empleador puede ser un menor, que contrate y actúe mediante su legítimo representante.
Cuando es persona jurídica: el ET carece de regulación específica en esta materia. Por lo que abra que estar a lo que se disponga en Dº mercantil, dº civil o en los estatutos de constitución de esa entidad dependiendo de la persona jurídica que se trate.
7.3 Poder de dirección:
El poder de dirección del empleador/empresario es el conjunto de facultades a través de las cuales el empresario dispone del trabajo prestado por su cuenta y riesgos ordenando las prestaciones laborales y organizando el trabajo en la empresa. Conjunto de facultades por el que organiza las prestaciones laborales.
El contenido de este poder de dirección es muy amplio abarca tanto funciones ordenadoras, (dar órdenes e instrucciones a sus trabajadores. Art. 5.c ET), como funciones de control y vigilancia y funciones de decisión art 20 del ET.
Las características del poder de dirección:
El poder de dirección es unilateral es decir se expresa mediante órdenes del empresario, unilateralmente sin requerir la aceptación del trabajador.
Es irrenunciable se otorga al empresario y no puede renunciar a él, distinto es que lo delegue.
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La posibilidad de que un particular se declare en concurso de acreedores apareció a partir de la publicación a mediados de 2015 de la Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, coloquialmente llamada “Ley de la segunda oportunidad”
El objetivo principal de esta ley es que los particulares o profesionales autónomos puedan acogerse a un concurso de acreedores, tal y como podían hacer hasta entonces las empresas y personas jurídicas.
Un concurso de acreedores ofrece la oportunidad a aquellos que no pueden pagar sus deudas, de negociar el pago fraccionado de algunas, y exonerarse del pago de otras.
De esta forma se busca que el deudor pueda hacer frente y superar una situación económica crítica.
¿Quién puede acogerse al concurso de acreedores? ¿Qué requisitos se piden?
Como hemos comentado anteriormente, pueden acogerse todos aquellos particulares y profesionales autónomos que haya contraído deudas, fruto de su actividad empresarial o particular, a las que les es imposible hacer frente en su situación actual.
Además, la ley establece una serie de requisitos que han de cumplirse para que un individuo pueda acogerse a este procedimiento:
- Las deudas acumuladas no deben sobrepasar los cinco millones de euros
- Tiene que tratarse de un deudor de buena fe, lo que significa que no ha dejado de pagar sus deudas de forma voluntaria y que haya intentado hacer frente a estas, incluyendo la negociación con sus acreedores.
- El deudor no debe haberse acogido en los 10 años anteriores a otro proceso similar.
- El deudor no debe haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, por falsedad documental, contra la Hacienda pública o la Seguridad social o los derechos de los trabajadores.
¿Cómo se inicia el proceso?
PRIMER PASO: PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL
Una vez el particular decide acogerse el proceso de concurso de acreedores debe iniciar, en primer lugar, un proceso extrajudicial, en el que tratará de llegar a un acuerdo con los acreedores que incluya la venta de los bienes de los que sea titular (a excepción de los que sean imprescindibles para seguir ejerciendo su actividad profesional) para cubrir el mayor número de deudas posible y el establecimiento de un calendario de pagos, que no deberá exceder los 10 años.
Para iniciar el proceso puede acudir a un notario.
Se puede designar la figura de un mediador, que será el encargado de negociar en nombre del deudor, con sus acreedores, con el objetivo de llegar a un acuerdo.
Para que este proceso prospere se requerirá que al menos el 60% de los acreedores estén conformes con el mismo.
Las negociaciones durante este proceso suelen durar aproximadamente unos dos meses como máximo.
Si no se llega a un acuerdo durante esta fase, el deudor deberá declararse en quiebra e iniciar el procedimiento judicial para el concurso de acreedores.
PROCEDIMIENTO JUDICIAL: CONCURSO DE ACREEDORES
Una vez judicializado el proceso, se designará un administrador concursal que será el encargado de liquidar todos los bienes del deudor con el fin de compensar las deudas, y negociar con los acreedores la exoneración de parte de la deuda y el pago de las restantes que queden.
Hay que tener en cuenta que, conforme a la ley, no es posible que el deudor quede exonerado de todas las deudas, ya que algunas obligatoriamente han de ser satisfechas.
En concreto las deudas que no se exoneran son las que se mantienen con las arcas públicas: Agencia Tributaria y Seguridad Social, así como las relacionadas con la manutención de sus hijos, en caso de estar divorciado o separado.
Hasta transcurridos 5 años desde la finalización del proceso, es posible que la deuda que quedase pendiente pueda ser reclamada de nuevo por los acreedores, por ejemplo en los casos en los que se ha demostrado que hubo mala fe durante el proceso, que el deudor haya percibido ingresos en negro, o que por ejemplo haya sido beneficiario de alguna herencia o ingreso extraordinario de dinero que le permitiera cubrir las deudas que quedaron sin pagar.
El proceso de concurso de acreedores es complejo en todas sus fases, por eso, desde Bufete Velazquez, le ofrecemos asesoramiento legal completo durante todo el procedimiento, tanto el extrajudicial como el judicial, en defensa de sus intereses, con el objetivo de que el resultado sea el más beneficioso para usted.
No dude en contactar con nosotros para plantearnos sus dudas y concertar, si lo desea, una cita.
El protesto es un acta notarial por la cual se da fe pública del impago de un título-valor o de la falta de aceptación de una letra de cambio; prueba, que en determinados casos deviene preceptiva para poder posteriormente ejercer las acciones cambiarias que nos brinda el derecho.
El levantamiento del oportuno protesto se configura, por lo tanto, como requisito previo para poder ejercer la acción cambiaria en vía de regreso, es decir, aquella acción del legítimo tenedor por la cual se requiere al pago a los diferentes sujetos que formen parte del círculo cambiario y sobre los que no se puede ejercer la acción directa. A esta afirmación general, ha de oponerse una excepción: el cheque.
En el cheque, al no poder ser sometido a aceptación por el banco que gestiona el pago del título, el tenedor no tiene la posibilidad de ejercer la acción directa y por tanto sus acciones en caso de impago se reducen (cambiariamente) a la acción de regreso. Es por ello que la misma se reviste de las facilidades de la acción directa en el pagaré y la letra, no siendo necesario el previo levantamiento para poder ejercer dicha acción contra el librador.
Este requisito general al que nos venimos refiriendo admite dispensa, ya sea legal como voluntaria.
Por lo que se refiere a la dispensa voluntaria, esta se materializa a través de la cláusula “sin gastos”. Se trata en definitiva, de una cláusula que se incorpora en el propio título y por la cual se dispensa al tenedor de deber levantar protesto para poder ejercer la acción cambiaria en vía de regreso. Para su validez se requiere de la firma quien lo insertó.
Como podemos apreciar, esta cláusula dispensa de la obligación, pero no la prohíbe. Sin embargo, en caso de que esta sea superflua (no necesaria para el ejercicio de la acción de regreso contra ningún endosante), los costes que este ocasione no podrán ser reclamados.
La primera pregunta que debemos responder es: ¿qué es el concurso de acreedores? Se trata de un procedimiento jurídico destinado a solventar los problemas de insolvencia y falta de liquidez de un determinado negocio.
Dicho procedimiento persigue dos objetivos fundamentales: por una parte, que los acreedores puedan cobrar y por otra encontrar soluciones que eviten la quiebra del negocio y aseguren su continuidad.
Desde Abogados Madrid nos gusta recordar que a este procedimiento pueden acogerse tanto las personas físicas, como las jurídicas. Asimismo, pueden hacerlo tanto los trabajadores autónomos como las pymes o las grandes empresas.
En definitiva, se trata de un sistema que permite a las personas insolventes poder articular un mecanismo ordenado de pago de sus deudas.
Pero, ¿qué se entiende por insolvencia? En este sentido, la Ley es clara al definir la insolvencia como la imposibilidad de una persona o empresa de poder hacer frente a sus obligaciones crediticias.
Dicho lo cual, ¿qué tipos de solicitudes existen? La solicitud voluntaria y la solicitud forzosa:
La voluntaria se da, cuando la solicitud se lleva a cabo por parte de la propia persona física o persona responsable de la empresa correspondiente, quién tendrá la obligación de presentarla en el Juzgado Mercantil que corresponda en un plazo máximo de dos meses desde que tuviera conocimiento de la situación de insolvencia.
En cuanto a la solicitud forzosa, ésta se produce cuando el concurso de acreedores tiene lugar como consecuencia del requerimiento de un acreedor o de alguno de los socios de la empresa, cuando sean varios.
Dicho esto, ¿qué documentación será necesario aportar junto a la solicitud?
- La Declaración de Legitimidad para presentar la Solicitud del Procedimiento.
- La Memoria Económica del Deudor.
- El Inventario de Bienes y de Derechos del Deudor.
- La Lista de Acreedores (por Orden Alfabético).
Y, por último, ¿qué ocurrirá si prospera la solicitud y el Juzgado aprueba el Concurso de Acreedores? Que se publicará en el BOE, momento a partir del cual los acreedores podrán presentar en el Juzgado la solicitud y justificación de las deudas, correspondiendo al Juez determinar cuáles están verdaderamente justificadas y por consiguiente las que entran y las que no dentro del proceso del concurso, así como nombrar entre uno y tres Administradores.
Y, ¿qué función o funciones tendrán los precitados Administradores? Su función principal girará en torno a la negociación de la deuda con los proveedores para buscar ampliar los periodos de pago, así como conseguir reducciones y quitas de deuda cuando resulte oportuno.
¿Es usted de esos que está pensando en darse de alta como autónomo dado el periodo prolongado de incertidumbre laboral en el que nos encontramos? ¿Por qué no se lo plantea como su mejor opción de cara a incorporarse al mercado de trabajo? En ese caso será indispensable que sepa, antes de nada, qué es exactamente un trabajador autónomo y qué tipo de trabajadores autónomos existen en función de lo establecido en la legislación vigente.
En este sentido, según el Estatuto de los Trabajadores Autónomos se considera como trabajador autónomo a toda persona física que realice “de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo”.
De lo dicho en el párrafo anterior, cabe extraer la conclusión de que trabajador autónomo será toda aquella persona que desempeñe su actividad laboral por cuenta propia, o lo que es lo mismo, que no se encuentre dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, siendo además dicha persona la misma que facture a sus respectivos clientes.
Pero, una vez que ya ha quedado claro cuál es el concepto de trabajador autónomo, resulta necesario hablar de cuantos tipos de trabajadores autónomos establece la Ley. Exactamente, son los siguientes:
- El Profesional Autónomo: Desempeña su actividad personalmente y de forma directa e independiente.
- El Empresario Autónomo: Además de desempeñar su actividad de forma directa e independiente, tiene éste una serie de trabajadores a su cargo, es decir, dirige una determinada organización productiva.
- El Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente: Desempeña su actividad para un número reducido de clientes y entre sus características principales se encuentra el hecho de que al menos el 75% de sus ingresos proviene de uno de ellos exclusivamente.
¿Sigue pensando que su mejor opción es darse de alta en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos? No se lo piense y contacte con nosotros, desde Abogados Madrid, una vez analizadas sus circunstancias le informaremos sobre los pros y contras que podría acarrearle la toma de dicha decisión.
¿Qué dos características son inherentes a la competencia desleal? El engaño y la confusión.
¿Esto en que se traduce? En que la competencia verdadera es siempre lícita, pero que ésta deja de serlo en el mismo momento en que dichas características concurren.
En este sentido, es la Ley la que define cuando nos encontramos ante supuestos de competencia desleal. Ley que tiene por objeto fundamental, como no puede ser de otra forma, la protección de la competencia en interés de todos los participantes en el mercado.
Es por ello que establece la prohibición de los distintos actos que suponen una competencia desleal, entre los que cabe incluir la publicidad ilícita.
Desde Abogados Madrid siempre ponemos de relieve la importancia de diferenciar entre la competencia desleal y la libre competencia. Esta última es muy lícita dentro de lo que es el tráfico mercantil, entre empresas ya sean grandes, medianas o pequeñas. Pero claro, esa libre competencia no puede servir de paraguas de cara a violar las normas de competencia.
En definitiva, será la Ley la que nos marque que actos se consideran como actos de competencia desleal y por lo tanto están prohibidos.
Así que, si tiene dudas sobre la licitud o ilicitud de las prácticas de su empresa, y no termina de entender la letra de la legislación vigente, no dude en acercarse a nuestro despacho en Madrid. Desde Abogados Madrid estudiaremos detalladamente su caso, y le ofreceremos la mejor orientación.
En primer lugar, cabe preguntarse: ¿cuándo hablamos de contrato mercantil? Cuando estamos ante un contrato bien bilateral o bien multilateral, en el cual una de las partes consiente en obligarse a realizar un servicio específico o una obra determinada mientras que la otra se compromete a pagar por dicho servicio o dicha obra un precio cierto. Todo ello respetando siempre lo dispuesto en los códigos mercantil y civil.
Pero como como podrá suponer, no todos los contratos son iguales. Por esa misma razón desde Abogados Madrid, le vamos a ofrecer a continuación una serie de conceptos básicos que le puedan servir a la hora de poder llevar a cabo una diferenciación inicial entre los distintos tipos de contratos mercantiles.
CONTRATO DE FRANQUICIA
¿Cuál es el Contrato de Franquicia? Es aquel contrato que inicialmente establece entre dos empresas jurídica y económicamente independientes un método de colaboración contractual.
Y en virtud de dicho método de colaboración una de ellas, concretamente la empresa franquiciadora que es la titular de la correspondiente marca, patente, técnica de fabricación o actividad comercial e industrial, concede a la otra por un tiempo limitado, una zona determinada y bajo ciertas condiciones de control el derecho de explotarla, a cambio de una prestación económica. Esta otra empresa recibe el nombre de empresa franquiciada.
EL CONTRATO DE AGENCIA
¿Cuál es el Contrato de Agencia? Es aquel en que una persona, ya sea física o jurídica, que recibe el nombre de agente, se obliga frente a otra de manera continuada, estableciendo una remuneración a cambio de promover ciertos actos u operaciones de comercio en nombre de otros. Se trata por consiguiente de una persona independiente que hace de intermediaria y que con carácter general no tiene la necesidad de asumir el riesgo de tales actos u operaciones.
EL CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL
¿Cuál es el Contrato de Comisión Mercantil? Es aquel en el que una persona, que recibe el nombre de comisionista, desempeña como su propio nombre indica, la comisión. Pero, ¿en qué consiste la comisión? En llevar a cabo contrataciones, ya sea en nombre propio o en el del comitente. En este sentido, si el comisionista efectúa la contratación en nombre propio, no tendrá éste la necesidad de declarar sobre quién es el comitente, quedando obligado de manera directa con las personas que contrate.
EL CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL
¿Cuál es el Contrato de Compraventa Mercantil? Es aquel en el que una parte compra a la otra, cosas muebles con la intención de revenderlas, ya sea en la misma forma en que se compraron o en otra diferente, y siempre con ánimo de lucro. No obstante, existe la salvedad de aquellas compras consistentes en adquirir género, en las que para recibir el precio pactado habrá que atender a la calidad del citado género.
EL CONTRATO DE MEDIACIÓN MERCANTIL Y MANDATO
¿Cuál es el Contrato de Mediación Mercantil y Mandato? Es aquel en el que una persona que habitualmente se dedica al desempeño de actividades comerciales constituirá apoderados, también llamados mandatarios, para que sean éstos los que realicen dichas actividades en su nombre, ya sea en todo o en parte, o al menos para recibir de ellos un cierto auxilio.
EL CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE
¿Cuál es el Contrato de Transporte Terrestre? En primer lugar, debemos señalar que existen dos tipos de contratos de transporte. ¿Cuáles son?
- El Contrato de Transporte de Mercancías: Es aquel que orbita alrededor de la carta de porte. Pero, ¿qué es la carta de porte? El documento que identifica y describe con claridad los elementos esenciales del contrato a la vez que sirve de medio de prueba privilegiado respecto al transporte. En este tipo de contratos, el cargador debe cumplir con la obligación de entregar la mercancía en lugar y tiempo convenidos. Eso sí, tiene derecho por un lado a exigir que se realice el transporte en la forma pactada y por otro a poder disponer de los bienes hasta que se produzca la entrega de los mismos.
- El Contrato de Transporte de Personas: Es aquel, que orbita alrededor de un billete que sustituye a la antes citada carta de porte. Dicho billete es la prueba de la existencia del contrato y de éste se derivan tanto las obligaciones del porteador, como las del viajero, consistentes éstas últimas en pagar el precio del citado billete y mantener la compostura.
EL CONTRATO DE DEPÓSITO MERCANTIL
¿Cuál es el Contrato de Depósito Mercantil? Es aquel en el que las cosas depositadas son objeto de comercio y en el que el depositario debe dedicarse a la actividad comercial.
Además, el depósito en sí mismo ha de constituir una operación mercantil o al menos ha de hacerse como causa o a consecuencia de una o varias operaciones mercantiles. Por su parte, el depositario tendrá derecho a exigir a cambio una retribución.
EL CONTRATO DE PRÉSTAMO MERCANTIL
¿Cuál es el Contrato de Préstamo Mercantil? Es aquel en el que al menos una de las partes que contratan se dedica a actividades comerciales, también aquel en el que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio. En este sentido, ¿qué sucederá si dicho préstamo, como suele ser habitual, es dinerario? Qué el deudor deberá hacer necesariamente frente al mismo devolviendo una cantidad igual a la recibida. Eso sí, siempre con arreglo al valor legal del dinero al tiempo de dicha devolución.
EL CONTRATO DE LEASING
¿Cuál es el Contrato de Leasing? Es aquel cuyo objeto radica en la cesión de uso de bienes a un determinado usuario. Dicho usuario será quien pague las cuotas que a su vez llevarán aparejada una opción de compra.
En este sentido, el Contrato de Leasing recibe también el nombre de Contrato de Arrendamiento con Opción de Compra. Por último, puede que se esté preguntando: ¿qué partes concurren en un Contrato de Leasing?
- La empresa de Leasing, la cual es la titular del bien y la que a su vez financia la operación y celebra el Contrato de Compraventa con el proveedor y el de Arrendamiento con Opción de Compra con el usuario.
- El proveedor que ha celebrado el Contrato de Compraventa con la empresa de Leasing para entregar el bien al usuario.
- El usuario que ha celebrado el Contrato de Arrendamiento con Opción de Compra con la empresa de Leasing y recibe el bien por parte del proveedor.
EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARÍTIMO
¿Cuál es el Contrato de Fletamento Marítimo? Es aquel por el cual un naviero, que recibe el nombre de fletante, cede a otra persona denominada fletador la utilización de todo o parte de un buque para la carga de mercancías, para su transporte de un puerto a otro, a cambio de un precio que recibe el nombre de flete.
EL CONTRATO DE SEGURO MERCANTIL
¿Cuál es el Contrato de Seguro Mercantil? Es aquel por el que la parte aseguradora queda obligada a través del cobro de una prima y en el supuesto de que la persona asegurada sufra uno de los eventos cuyo riesgo sea objeto de cobertura a indemnizar. En tal caso, ¿qué obligación recaerá sobre la parte aseguradora? La de satisfacer a la persona asegurada el capital, la renta o las prestaciones convenidas.
EL CONTRATO DE FACTORING
¿Cuál es el Contrato de Factoring? Es aquel en el que la persona que recibe el nombre de factor adquiere por parte de los productores aquellos créditos de los que estos últimos son titulares, de cara a garantizar su satisfacción, así como a prestar una serie de servicios complementarios a cambio de la correspondiente retribución.
EL CONTRATO DE COMPAÑÍA MERCANTIL
¿Cuál es el Contrato de Compañía Mercantil? Es aquel por el que dos o más personas, físicas o jurídicas, se obligan mutuamente a crear un fondo común de bienes, con el objetivo fundamental de lucrarse. Pero, ¿cuándo se reputará mercantil? Siempre que el citado contrato haya sido constituido con arreglo a las disposiciones del Código de Comercio. Además, cabe resaltar que las Compañías Mercantiles tendrán personalidad jurídica y se regirán éstas por las cláusulas y condiciones de los diferentes contratos mercantiles que firmen.
